Abriendo el debate necesario: Lecciones del SOAT y la experiencia internacional

Por Arturo Yglesias
Sociedad Peruana de Economía de la Salud

La implementación del SOAT ha servido para cubrir los costos de la atención médica de las personas víctimas de los accidentes de tránsito; pero no ha impedido que continúe la epidemia de accidentes de tránsito y sus resultados en muerte prematura, discapacidad temporal y permanente. Para prevenir y controlar los accidentes de tránsito se requiere del diseño y ejecución de un Plan de Seguridad Vial. El actual gobierno ha presentado, pero no ha ejecutado dicho Plan.

Para enfrentar los casos de daños involuntarios ocasionados por la práctica de la medicina y la entrega de servicios de salud, no se requiere de un SOAT médico. Hay que recordad siempre que en todos los países, la atención a la salud es un factor de riesgo (1) Un sistema de salud moderno, para enfocarse en las causas de los daños, necesita de políticas y planes de calidad y seguridad de pacientes. Para enfrentar las consecuencias y efectos necesita de espacios de conciliación y arbitraje, y de fondos de resarcimiento por responsabilidad civil profesional e institucional para compensar el daño ocasionado.

Mienten quienes dicen que el SOAT médico, servirá para efectuar pago de resarcimiento inmediato. El SOAT lo paga el propietario del vehículo y no el chofer que maneja el vehículo siniestrado. En estos casos, el pago de los costos de atención a los accidentados es inmediato, por que se trata de una urgencia. En el caso de un evento adverso, para el pago del resarcimiento se tiene que seguir un largo proceso administrativo, civil y penal, cuyos costos de litigación de ambas partes hay que tenerlos en mente

En un programa de televisión (Canal 4. 29. X.07) el congresista defensor del SOAT médico “light”, no pudo responder a la pregunta ¿cuanto va a costar al país el SOAT médico? Un Proyecto de Ley con “responsabilidad por los actos” tiene que tener su análisis de costo-beneficio. Está demostrado históricamente en los países desarrollados que, los seguros médicos llevan inevitablemente a una inflación de los costos de atención. En el caso peruano, ya se estableció el pago de indemnización de 300,000 soles ($100,000) por la transmisión del virus del SIDA. En el caso de demostrarse, la relación causa-efecto en las personas recientemente fallecidas, luego de la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarrilla. ¿Cuanto dinero estará dispuesto a pagar el Estado Peruano por estas muertes evitables?

Para jugar con las cifras, si cada médico pagara 40 dólares – una cifra cercana al SOAT actual - por año por el seguro obligatorio y, si pagaran 30,000 médicos se tendría un fondo de 1 millón 200 mil dólares. ¿Sería suficiente esa cantidad para enfrentar el “riesgo moral” de los denunciantes? A este calculo, hay que agregar lo que tendría que pagar el Estado. En los servicios públicos de salud, muchas veces la responsabilidad por los daños es complicado de determinar, por el hecho de que, los pacientes pueden ser lesionados a través de la interacción de múltiples factores; derivados más por fallas organizativas que por fallas individuales. La tendencia en los sistemas públicos de salud modernos es, hacia un desplazamiento de la responsabilidad individual hacia la responsabilidad de los hospitales (2).

Habría que preguntar a nuestras autoridades ¿cuantos millones esta dispuesto a pagar el Estado por los daños ocurridos en los servicios de salud? Un dato podría ilustrar la magnitud de la incidencia y los costos de las litigaciones. Entre 1990 y 1998 en Inglaterra, las litigaciones se duplicaron - a un ritmo de crecimiento anual de 7 anual- pasando de 0.41 a 0.81 reclamos por 1,000 consultas terminadas; mientras que la actividad hospitalaria aumento solo un 30% (3). En 1998, la Autoridad de Litigaciones del Servicios Nacional de Salud tuvo que pagar 81 millones de libras esterlinas por las litigaciones a los servicios públicos. En la evaluación económica de las decisiones de políticas públicas, cabe plantearse, si cada millón pagado en daños es, un millón que podría haber sido gastado en la atención a pacientes

Antes de seguir erosionando la confianza entre los pacientes y los médicos y los servicios de salud, se debe evitar desplazar esa confianza del paciente a su abogado litigante. En los Estados Unidos, paraíso de la “medicina defensiva” y del sistema de salud más costoso y menos equitativo, se ha señalado que los pacientes tienen más confianza en su abogado que en su médico (4)

Para actuar con “accountability” en al arena de las políticas públicas, se deben de medir las consecuencias sociales y económicas de las propuestas legislativas. Esta ocasión, puede servir de base para poner en el centro del debate y abrir un espacio de dialogo político entre todas las partes, sobre la seguridad y protección del paciente, el mejoramiento de la calidad de los servicios, la creación de institucionalidad para el arbitraje y las compensaciones. Así funcionan las democracias modernas sostenibles

Arturo Yglesias Bedoya
Analista de Sistemas y Políticas de Salud
Sociedad Peruana de Economía de la Salud

Lima, 30 de Octubre de 2007


1 Davis, P. Health care is a risk factor. Canadian Medical Association Journal 2004; 170 (11): 1688-89.
2 Fenn, P. Counting the cost of medical negligence. British Medical Journal 325: 233-234, 2002
3 Fenn, P. Current cost of medical negligence in NHS hospitals: analysis of claims database British Medical Journal 320: 1567-71. 2000
4 Muir Gray. The Resouceful Patient. 2003